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Editorial: Contra viento y marea

Que en un año el sistema de salud pueda ahorrarse hasta 600.000 millones de pesos y, además, permita que los pacientes tengan acceso a medicamentos de alta tecnología no puede ser sino una buena noticia.

Con la firma, ayer, del presidente Juan Manuel Santos del decreto que regula el registro y comercialización de los fármacos biotecnológicos en Colombia se estimula una largamente esperada competencia entre productores de estos costosos insumos, a los que la mayoría de la gente solo puede acceder a través del sistema de salud.

Hasta ahora, los dueños de estos medicamentos de última generación –elaborados mediante la manipulación genética de organismos vivos y que son altamente eficaces en el manejo de males como el cáncer– mantienen el monopolio del mercado, por medio de las patentes. A este hecho han sumado el argumento de que por sus características únicas es imposible copiarlos con el mismo nivel de eficacia y seguridad.

Sin embargo, está demostrado que se pueden producir moléculas parecidas o biosimilares, que en condiciones muy estrictas de vigilancia pueden ser igual de benéficas que las originales o innovadoras, pero a costos menores. Este argumento es un soporte del nuevo decreto, que incluso va más allá al plantear, de forma audaz, la posibilidad de que estos productos (específicamente aquellos a los que se les vencen las patentes) puedan ser aprobados de manera más ágil que en otros países. Hay que recalcar que si bien los ahorros son importantes, Colombia no puede darse el lujo de flaquear en el tema de la seguridad y la eficacia de estos medicamentos para los pacientes.

En ese orden de ideas, urge elaborar guías de inmunogenicidad (reacciones específicas de estas moléculas en el cuerpo), un riguroso sistema de farmacovigilancia y una instancia capaz de aplicar pruebas que demuestren, sin dudas, la calidad de tales productos.

De nada sirve una norma pionera como esta si el Invima, que es la agencia regulatoria nacional, y el Instituto Nacional de Salud, que tiene a cargo la salud pública del país, siguen sin cumplir su papel de soporte técnico-científico. Ojalá que fortalecerlos sea el siguiente paso.