Como lo reveló este jueves EL TIEMPO, el martes la Presidencia de la República expidió el Decreto 670, que modifica las reglas de juego para declarar que una tecnología patentada sea de interés público y, en consecuencia, otros puedan producirla (licencia obligatoria). 

El nuevo decreto incluye al Ministerio de Comercio y al Departamento Nacional de Planeación en la toma de decisiones de esta índole, además del ministerio o la entidad del sector correspondiente.

La medida ha suscitado malestar en diversas organizaciones de la sociedad civil y en la comunidad académica, no solo porque consideran que los sectores Comercio y Planeación tienen cierta vocación a proteger la propiedad intelectual, al inversionista y al empresario, sino porque el decreto elimina la posibilidad de que se tomen medidas alternas a la licencia obligatoria en situaciones de interés público. En otras palabras, restringe el margen de maniobra del sector que considere necesaria una declaratoria.

Aunque es partidario de que el sector salud cuente con más flexibilidades, el ministro Alejandro Gaviria desestima el peligro que las organizaciones observan en el decreto.

¿Qué significa este decreto para la política farmacéutica?

El decreto define el procedimiento para una declaración de interés público con fines de licencia obligatoria. Este tipo de flexibilidades son importantes para la política farmacéutica. Un panel de expertos de Naciones Unidas instó a los países a usar estas flexibilidades más activamente. Pero medidas como el control de precios de salud, la promoción de la competencia, la evaluación de costo-efectividad y la transparencia de las relaciones de los médicos con la industria son cuantitativamente más importantes que las declaraciones de interés público.

¿Se acaba el control de precios de medicamentos con este decreto?

Para nada. La regulación sigue. El próximo mes anunciaremos una nueva y extensa lista de medicamentos controlados. 

¿El decreto se hizo a espaldas del Ministerio de Salud?

Estuvimos en una reunión inicial y mandamos algunos comentarios. Pero no participamos en la redacción. 

¿Si no se hubiese expedido este decreto, Colombia no hubiera mantenido su opción de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde)?

Quisiera pensar que no. La Ocde es un club de buenas prácticas y nuestra política farmacéutica sigue las buenas prácticas internacionales. 

¿Qué pasará con el caso del Glivec?

Afortunadamente quedó protegida la declaración de interés público y el nuevo precio más bajo. El decreto no es retroactivo.