Catorce entidades de salud del área metropolitana y el Oriente cercano reportaron que a febrero 28 de 2015 la cartera ascendía a la suma de $1 billón 171.712 millones, lo cual representaba un deterioro del 9,2% con respecto al saldo registrado a diciembre de 2014. 

En efecto, la suma que se les debía a esas entidades -que se hallaba en $1 billón 90.604 millones en diciembre 31- creció en $81.108 millones, es decir que la situación financiera de los catorce hospitales y clínicas empeoró y continuó creciendo por encima de $1 billón. 

Al respecto, Luis Saldarriaga Cardona, jefe de la División Administrativa del Hospital Pablo Tobón Uribe, explicó que esas cifras por los servicios de salud ofrecidos a los pacientes son muestra de “un grave deterioro en la cartera, generado por el no pago de las entidades responsables de hacerlo”.

Además de eso, la alianza reportó un aumento en la edad de la cartera en ese mismo bimestre, porque la vejez de los pagos pasó de 192 a 199 días en promedio. Dicho de otra forma, los servicios de salud que esos centros médicos les prestan a los pacientes hoy, son pagados después de seis meses.

En ese sentido, Saldarriaga Cardona se lamentó de que cada vez se alargue más la demora para recibir el dinero que les adeudan de las cuentas de los usuarios atendidos, así como las implicaciones que tiene para esas entidades el retraso en el pago de compromisos monetarios con los trabajadores y proveedores.

Y agregó que esos desbalances financieros están afectando fuertemente a las catorce instituciones de la alianza, que representan más del 80% de las camas para atender pacientes de alta complejidad: trauma, cáncer, cirugías de trasplantes y mayores, entre otros servicios.

“Si esto continúa, no por voluntad sino por obligación, habrá que cerrar progresivamente los servicios que no se puedan sostener en los hospitales y clínicas, porque se están acabando las reservas, las  posibilidades y llegará en donde ya no haya para dónde coger”, comentó.

Petición ante medida “a medias”

En noviembre del año pasado, Alejandro Gaviria Uribe, ministro de Salud y Protección Social, se comprometió con los directores de los hospitales y clínicas de las catorce instituciones a implementar diferentes soluciones de corto, mediano y largo plazo, como el giro directo y la compra de cartera para solucionar la crisis.

A pesar de esos esfuerzos del Gobierno, reconocidos y valorados por la alianza, las cifras de la cartera demuestran que aún no han sido suficientes para darle una solución sostenida a la problemática que atraviesan las entidades prestadoras de servicios de salud.

Sobre ello, Carlos Arroyave Arango, jefe de Admisiones y Facturación del Hospital Universitario San Vicente Fundación, indicó que “el giro directo es un mecanismo permanente del Gobierno para darle liquidez al sistema, evitando que todos los recursos pasen por las EPS antes de llegar a las entidades prestadoras de salud”.

La media real y a corto plazo, según Saldarriaga Cardona, fue la compra de cartera, con la cual las instituciones lograron “recuperar $50.000 millones y disminuir la deuda, pero al iniciar este año el Ministro anunció que ya habría más compra de aquella”. Por eso, solicitan que se amplíe la duración de esa estrategia.

En suma, manifestó Arroyave Arango, la solución sostenible y estructural que la alianza considera viable es que el Gobierno recurra al Ministerio de Hacienda para que, a través de fondos provenientes de impuestos a bebidas y juegos de azar, por ejemplo, pueda conseguir recursos adicionales para continuar comprando cartera.