La sección quinta del Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales de una madre cabeza de familia, con dos hijos menores, trabajadora independiente diagnosticada con cáncer gástrico, a quien una EPS se niega a pagar las incapacidades generadas, por no haber pagado una multa por desatender una cita odontológica y en alguna oportunidad pagar extemporáneamente sus aportes de salud, pese a existir una medida provisional de amparo.

El representante legal de la EPS no atendió la medida provisional adoptada por el Consejo de Estado al admitir la tutela, que le ordenó pagar las incapacidades para garantizar el mínimo vital de la paciente y de sus hijos, por lo que la sección quinta del Consejo de Estado compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que lo investigue por posible “fraude a resolución judicial” por desconocer y omitir el cumplimiento de una orden judicial, así como a la Superintendencia Nacional de Salud para que adelante las investigaciones a que hubiere lugar por posible negligencia.

La negativa de la entidad prestadora de servicios de salud a atender la orden emitida por la corporación, puso en riesgo los derechos fundamentales al mínimo vital, a la salud y a la vida digna, al negarle el pago de las incapacidades desde septiembre de 2014, pues le impidió satisfacer las necesidades básicas de sus dos hijos menores, pero sí recibió los dineros correspondientes a las cotizaciones mes a mes, incluyendo la sanción por mora que canceló la paciente.

Copagos
Finalmente advierte la sección, que según la normativa vigente la EPS estaba en la obligación no solo de reconocer y pagar oportunamente las cinco incapacidades generadas, sino además de eximirla de los copagos y prestarle un tratamiento integral por la enfermedad catastrófica que padece, y así lo ordenó al resolver la tutela.