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Corte escuchó las críticas a la ley estatutaria de salud

Antes de definir si la ley estatutaria de salud aprobada en junio del año pasado por el Congreso es constitucional o no, la Corte pidió escuchar ayer los argumentos, en contra y a favor de la normativa, por parte de la sociedad civil, el Gobierno y varios organismos de control.

Una de las críticas más fuertes que se escucharon en la audiencia fue la hipótesis de que la aplicación de la ley podría poner en riesgo las finanzas del país. El procurador Alejandro Ordóñez fue el primero en intervenir diciendo que el éxito o el fracaso de la reforma “radica en que todo el sistema opere de manera eficiente en función de garantizar la universalidad del servicio. Si no se presenta la garantía precisa va a ser necesaria una medida diferente”.

Ordóñez insistió en que “bajo ninguna circunstancia” las autoridades administrativas, legislativas o judiciales pueden “invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar derechos fundamentales ni restringir su alcance o negar su protección efectiva, pues debe tenerse en cuenta que al adquirir la salud el grado de derecho fundamental, el Estado tiene que replantear su política de financiación para responder al mismo”.

Por su parte, el doctor Saúl Franco, médico cirujano y vocero de los ciudadanos, afirmó que la ley aprobada está limitando las acciones de tutela, lo que “constituye una regresividad en el derecho fundamental de la salud. En 2012 hubo una tutela cada cinco minutos; unas 3.280 tutelas por millón de habitantes. Esto evidencia lo mal que está el sistema. Defendemos la tutela no como capricho. El problema no es la ‘tutelitis’ sino la ‘corruptitis’”.

Para Franco, la ley estatutaria está poniendo la economía por encima del derecho a la salud, argumento que comparte Néstor Álvarez, representante de los pacientes de alto costo. “Aunque la legislación dice que la sostenibilidad fiscal no puede sobreponerse a los derechos fundamentales, el Gobierno ha hecho todo lo contrario. Derechos como el de la salud han quedado rezagados”, dijo Álvarez.

En defensa, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, aseguró que la Corte misma dijo al Congreso que una ley estatutaria era necesaria. “La ley cumple cabalmente lo que la Corte ha mencionado, así que no es cierto que estemos yendo en contravía. En la ley no hay ninguna limitación formal a la tutela. No se elimina el no POS”. El ministro aseguró que el objetivo es que el sistema de salud sea tan bueno que la gente no tenga que acudir a la tutela.

Para el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, la ley permitirá tener un sistema de salud con una mayor amplitud en el plan de beneficios y un plan que va a ir creciendo todos los años, consultando año a año la sostenibilidad fiscal. De esta manera, las finanzas del país no se pondrían en riesgo.

En cuanto a discusión por el papel de la acción de tutela en la nueva ley, Cárdenas dijo que “el punto de fondo es simplificar el acceso a los servicios de salud para que la tutela sea algo excepcional. Esta ley es un paso adelante”, aseguró el ministro ante el alto tribunal que pronto se pronunciará sobre la cuestionada norma.