Hospital de Quibdó muere lentamente en medio de promesas incumplidas

En un estado de debilidad manifiesta. Así se encuentra el hospital San Francisco de Asís de Quibdó, Chocó, en donde la situación es tan precaria y las condiciones tan deprimentes que en el área de pediatría no tienen ni tapabocas o alcohol para atender a los pacientes. Se supone que es el único hospital de segundo nivel y el más importante de la ciudad, pero su infraestructura lo único que refleja es el abandono del Estado, ese que parece generalizado en todo el departamento.

El panorama es tan triste que no alcanzan los adjetivos para describirlo. En plena campaña nacional para evitar o limitar el chikungunya, por ejemplo, los patios del hospital son pozos de agua estancada putrefacta que rebasan las propias alcantarillas, en un foco para los mosquitos que traen el dengue. Da pena ajena.

Los fines de semana no se recogen los residuos hospitalarios que quedan acumulados en cuartos a donde nadie quiere entrar, que desprenden fuertes olores y que están ubicados a escasos metros del personal o, incluso, al lado de habitaciones con pacientes en recuperación, en cuartos donde la humedad está ‘comiéndose’ las paredes, donde los techos se están cayendo, donde el cableado está expuesto.

“Estamos trabajando con las uñas. De berracas atendemos bien a los usuarios porque no hay con qué. La planta física se nos está cayendo encima, no tenemos insumos. No hay un tensiómetro, sabiendo que en maternidad es uno de los signos más importantes. Estamos abandonados”, cuenta Marilyn Romana, enfermera.

Y es que este hospital atiende principalmente a maternas. La coordinadora de enfermeras, Zureya Hinestrosa, asegura que en el futuro debería construirse otro hospital para dejar este solo para atender embarazadas porque “en pleno siglo XXI llegan maternas que tienen 12 hijos. Eso se consigue con mucha facilidad”. No hay unidad de cuidados intensivos, hay una unidad de recién nacidos en donde este domingo las enfermeras atienden los bebés de dos menores indígenas que no tienen certeza de su propia edad.

“Dicen que en el Chocó todo se lo roban, pero actualmente nos mandan dirigentes de afuera y entonces ellos son los que se llevan todo. Nos dicen que no es viable, pero sí es viable, sino que no nos colaboran”, insiste Marilyn.

Se necesitan hasta jeringas. Los empleados cuentan que hay muchos casos de infección intrahospitalaria y contaminación en cirugía por las condiciones, que han mejorado un poco en la actual interventoría, después de otros 16 encargados. Pero, el tema es preocupante. En los pasillos se ven charcos de agua que en muchos casos son de los baños de los cuartos y en algunas ocasiones no hay condiciones para descansar.

Arisleidy Salazar Córdoba, quien está siendo atendida hace tres días, cuenta que no ha podido dormir bien porque se escucha a mucho volumen la música de un bailadero cercano. “Día y noche. Muy a las cinco de la mañana, cuatro, no dejan dormir”, señaló la mujer quien además tuvo que traer de su casa las sábanas sobre las que está recostada.

En el hospital trabajan la mayoría de empleados por prestación de servicios y a todos les adeudan por lo menos los últimos tres sueldos, más febrero y marzo del 2014. Hay 102 enfermeras por prestación de servicios y 10 de planta. En urgencias hay solo un médico de planta y los fines de semana, por ejemplo, hay un solo médico para atender todo el piso donde está pediatría, salud mental, recién nacidos y medicina interna.

El jefe de control interno del Hospital, Walter Enrique Bravo Chamorro, explicó que la demora en los pagos de las EPS es la principal causa de la grave crisis económica del hospital. Dichas prestadoras deben un total de 14 mil millones de pesos, de los cuales Caprecom debe casi 8 mil.

“El hospital vive exclusivamente del giro directo. Hacemos la facturación, atendemos a los usuarios, producimos alrededor de 2.700 millones de pesos, de los cuales entra por giro directo 1.400 millones. El excedente lo debería pagar la EPS pero cuando hacen el proceso de verificación de lo facturado, se niegan a pagarla y eso nos ha permitido acumular, mes a mes, los 14 mil millones de pesos”, señaló Bravo.

El funcionario reconoció que es difícil una buena atención con personal mal pago, con imposibilidad de conseguir insumos, cuando se siente que las cosas no mejoran, cuando no hay recursos para hacer un mantenimiento. “Más que decretar una emergencia, lo que se necesita es voluntad política para resolver el problema del hospital”, dice Bravo al insistir en que el hospital sí es viable.

“Tenemos una nómina de 900 millones de pesos mensuales. Estamos produciendo 2.500 y tendríamos un sobrante para invertir, pero el nudo está en el flujo de caja, en el pago de los recursos al hospital. Eso es lo que no nos permite mejorar. Que ha habido malas administraciones, sí. Que se han robado la platica del hospital, también. Hemos impetrado en tres meses cerca de 17 denuncias a diferentes entes de control y en lo penal también de diferentes hallazgos”, precisó.

Las promesas tienen cansados a los empleados que han tenido que ver cómo funcionarios del Gobierno hacen visitas constantes y no pasa nada. Lo mejor del hospital es la zona de urgencias que fue donada por los japoneses hace 5 años y que tiene aire acondicionado desde 2013 por acción del anterior interventor.

En esta ocasión, la visita la realizó la Corte Constitucional, tras una alerta de la Defensoria Regional del Pueblo, y en el marco del seguimiento que hace la corte a la sentencia T-760 de 2008 que evidenció la crisis del sistema de salud en todo el país. La Corte hizo una inspección judicial que servirá para que luego se tomen decisiones sobre la precaria situación del hospital.

El magistrado a cargo del seguimiento de esa sentencia, Jorge Iván Palacio Palacio, corroboró las grandes deficiencias en todas las salas y aseguró que hace falta mucho en materia de infraestructura. “En siete años que lleva la intervención en el hospital a raíz de tanta corrupción, van 16 interventores y así es difícil poder sacarlo adelante. Pero con la colaboración del Gobierno Central y de las entidades del Chocó, hay que sacarlo, pues es bastante necesario para la comunidad”, dijo Palacio.

Esto, más si se tiene en cuenta -dijo Palacio- la difícil situación de las carreteras hacia Pérdida y a Medellín, donde tienen que ser remitidos los pacientes más graves.

Ante este panorama, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, aseguró que hay un “reto que es de todos. Un desafío para el Gobierno nacional, los gobiernos locales y la comunidad”. Gaviria señaló que una sentencia no cambia la realidad si no se toman medidas de desarrollo local efectivas y reconoció que los anteriores interventores ayudaron a agudizar el problema.

“Cuando Caprecom estuvo haciendo la intervención generaron una serie de problemas que hoy estamos viviendo. Con el interventor anterior hay algunas denuncias que está mirando la Superintendencia de Salud. Este no es problema fácil. Hoy tenemos un interventor que está haciendo las cosas bien, el hospital es completamente viable”, señaló Gaviria al insistir en que hay cosas que están mejorando en el hospital como el laboratorio, las imágenes diagnósticas, y otras que no.

Entre tanto, mientras llegan las soluciones estructurales, las enfermeras hacen lo que pueden con lo poco que hay. “Nosotras decimos que mi Dios es negro porque nos ha ayudado bastante”, dice Zureya.