Hace menos de un mes la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas envió una comunicación a sus miembros invitándolos a hacer valer el principio de autonomía médica en sus lugares de trabajo, en hospitales, en EPS y en centros de salud.

Palabras más, palabras menos, les pedía poner fin a dos trámites que para ellos han constreñido el derecho a la salud: los comités técnico-científicos y lo que en la jerga del sistema de salud se conoce como “no POS”, es decir, todos los medicamentos y procedimientos que no hacen parte del plan de beneficios (POS).

Hace pocos días se sumó a este llamado la Gran Junta Médica, a la que pertenecen la Academia Nacional de Medicina, la Federación Médica Colombiana, la Asociación Médica Sindical Colombiana, el Colegio Médico Colombiano y la Asociación Nacional de Internos y Residentes. Todas estas organizaciones les han pedido a sus médicos lo mismo: hacer valer la autonomía médica y rebelarse contra los trámites que la constriñen.

Hasta ahora cualquier médico que quisiera recetar a su paciente algún medicamento o procedimiento por fuera del listado autorizado (POS) debía cumplir con una serie de trámites burocráticos engorrosos, así como someter su solicitud a un comité técnico-científico conformado por un representante de los médicos, uno de los pacientes y uno de la EPS.

Sergio Isaza Villa, presidente de la Federación Médica Colombiana, dice que la invitación que han hecho a los médicos colombianos no se trata de “desobediencia”, sino de todo lo contrario: de que los médicos cumplan con lo dispuesto en la Ley Estatutaria de Salud de 2015.

En esta ley, considerada por los gremios médicos como una de sus principales conquistas en la intención de cambiar el sistema de salud, quedó consagrada la autonomía médica para adoptar decisiones sobre el diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Isaza y sus colegas insisten en que esa ley está vigente desde el 16 de febrero de 2015, fecha en que fue sancionada, y no hay razones para esperar más tiempo en su implementación.

“Lo que hay que hacer es respetar la ley. Dejar los sofismas para escamotear lo que ordena la ley estatutaria”, dice Isaza. En su opinión, en Colombia persisten dos visiones totalmente contrarias del sistema de salud. Una de ellas ha prevalecido hasta ahora y ve la salud como un negocio financiero. La otra, dice, es la que respalda la ley estatutaria y se basa en la ética médica y el derecho a la salud. Para Isaza, hacer valer la autonomía médica es un paso crucial para transformar de fondo el sistema de salud colombiano.

¿Qué dicen las EPS?

Jaime Arias, presidente de Acemi, gremio que agrupa las EPS del país, está de acuerdo con los médicos en estos aspectos formales. Dice que tanto el no POS como los comités técnico-científicos pueden desaparecer. La pregunta para él es cuándo debe ocurrir esto. Por ahora, y mientras no se establezcan mecanismos alternativos, las EPS están obligadas a cumplir con las disposiciones legales vigentes. Si un médico no cumple con estos trámites, ellos no pueden entregar el servicio o el medicamento al paciente.

Pero el asunto va más allá, opina Arias: “El problema de fondo es la aplicación de la ley estatutaria. Para los médicos ya debe estar en ejecución, pero el Ministerio de Salud dice que tiene hasta el año entrante”.

De acuerdo con Arias, el riesgo que una plena autonomía médica proyecta sobre el sistema de salud es que aumente drásticamente el gasto. Si el gasto se desborda, el sistema podría colapsar. Por eso insiste en que las EPS no están en contra de la ley estatutaria ni de la autonomía médica, siempre y cuando aumenten los recursos del sistema. “Pero esa solución la veo lejana por la situación fiscal del país”, advierte. “Lo del año entrante puede ser muy complicado”.