Sin lugar a dudas, el Sistema de Seguridad Social en Salud colapsó. Para el gobierno, el problema sigue siendo un asunto financiero. Para quienes pensamos que llegó al límite, se trata de un problema de estructura. Son visiones muy diferentes, tanto de las causas de la crisis como de las soluciones. Estas diferencias se expresan en las iniciativas legislativas que cursan en el Congreso de la República.

 

El gobierno, junto con parlamentarios de la Unidad Nacional, presentó una ponencia para el primer debate de los proyectos de ley estatutaria, en cabeza del senador Armando Bendetti. En esta ponencia se entiende la salud únicamente como los servicios de atención de enfermedades. Por esta razón, se asume que este derecho es simplemente un plan de beneficios costo-efectivo que deberá actualizarse cada cierto tiempo. De esta forma, se pretende "descongestionar" la tutela por medio de un mecanismo administrativo apoyado en una junta médica que definirá si lo que se solicita por fuera del plan es necesario y justificable económicamente. Si se aprueba, se acudirá a la demostración de pago de las familias para pagar por lo no cubierto. Desde esta visión, no se toca la estructura del modelo actual y, por lo tanto, continuarían las EPS, los dos regímenes (contributivo y subsidiado) y la medicina prepagada, es decir, salud para pobres, medios y ricos, aunque en apariencia tengan el mismo plan. Mientras tanto, se aprobó la ley de cuentas maestras y se aumentó la UPC subsidiada; así que las EPS están contentas con más recursos. Y para completar, el gobierno prepara otro proyecto de ley ordinaria que ajustaría las tuercas del actual sistema, sin obligar a las EPS a que devuelvan los recursos públicos que se apropiaron indebidamente, como lo ordenó la Corte Constitucional a finales de 2012. Todo apunta a más de lo mismo, con total impunidad.

 

 

Del otro lado, con base en los proyectos de Ley Estatutaria 105 y 112, los senadores Luis Carlos Avellaneda y Jorge Londoño presentaron una ponencia que concibe el derecho a la salud en un sentido amplio e integral, como las condiciones de vida saludables, además de la atención de las enfermedades generales y laborales. De allí que la ponencia defina trece componentes del derecho a la salud, que incluyen agua potable, alimentación sana, vivienda y ambiente sanos, trabajo digno, además de la atención según la necesidad. Sólo se pone como límites los bienes y servicios en experimentación, los estrictamente suntuarios o estéticos y los prestados en el exterior cuando se puedan prestar en el país. Esta propuesta define los criterios del nuevo sistema de salud, que deberá ser universal, público, no lucrativo, no segmentado por la capacidad de pago, gratuito al requerir atención y financiado con recursos públicos, fiscales y parafiscales. En este modelo no habría EPS, sino administradoras territoriales de recursos públicos, con predominio de la red pública hospitalaria y complementariedad de los prestadores privados. En este modelo debe haber el máximo de participación social para garantizar que los recursos vayan realmente para la salud y no para el negocio y menos para la corrupción. Se trata, entonces, de otro sistema seguridad social que garantice realmente el derecho y libere los recursos de la salud de los apetitos de los negociantes de la salud.

 

Tomar uno u otro camino no es algo que se defina en el despacho del Ministro o entre las paredes del Congreso. Requiere un pacto social y político amplio e incluyente, entre todos los sectores sociales, económicos, étnicos y políticos del país. Por esta razón, desde el año anterior se ha venido organizando una gran Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud y Seguridad Social, ANSA, con la participación de organizaciones sociales, académicas y políticas de nivel nacional. Quienes impulsamos esta iniciativa estamos convencidos de que existen bases suficientes para desarrollar un amplio movimiento de transformación del sistema de seguridad social, comenzando por el componente de salud y riesgos laborales. Los puntos centrales para un acuerdo político por la salud son:

1. La salud es un derecho fundamental, y no una mercancía; no más negocio con el sufrimiento.
2. El Estado debe ser el garante de este derecho y no simplemente un regulador o un árbitro de la competencia.
3. La salud integral implica calidad de vida y dignidad humana, no sólo atención de la enfermedad, en el marco un sistema amplio de seguridad social.
4. Los recursos de la salud son públicos; no más lucro ni corrupción con los dineros de la salud.
5. El sistema de salud debe respetar y garantizar los derechos laborales y a la seguridad social de todos los trabajadores y profesionales de la salud.
6. El sistema de salud debe ser participativo e intercultural.

Con base en este acuerdo inicial, la ANSA ha propuesto un conjunto de líneas estratégicas para desarrollar un plan de acción nacional por el derecho a la salud y a la seguridad social. Estas líneas son:

 

1. Fortalecer la organización, a través de un comité nacional de impulso y de tres comisiones de trabajo (legislativa, comunicación y movilización), con expresiones regionales.
2. Realizar una denuncia sistemática de la estrategia del gobierno de recuperar financieramente a las EPS, comenzando por la demanda por desacato a las órdenes de la Corte Constitucional.
3. Desarrollar una campaña de comunicación masiva, para "ponerle cara al dolor" y sensibilizar a la población.
4. Llamar a la movilización masiva, desde la cotidianidad de los servicios de salud, en articulación con los movimientos sociales y políticos que luchan por la tierra, la educación, los derechos laborales, las pensiones y, sobre todo, la paz.
5. Ampliar el debate público sobre los proyectos de ley, estatutaria y ordinaria, que realmente garanticen el goce efectivo del derecho fundamental a la salud y a la seguridad social.
6. Adelantar un proceso de construcción participativa del nuevo modelo de salud y seguridad social, desde encuentros regionales y con presencia de todos los sectores sociales.
7. Reclamar sistemáticamente a los parlamentarios regionales su deber de acompañar una reforma realmente estructural que supere la crisis actual del sistema.
8. Realizar un Encuentro Nacional por la Salud y la Seguridad Social que permita consolidar los acuerdos políticos y convocar a todos los sectores a la lucha por el derecho fundamental a la salud.
9. Acompañar la iniciativa de los secretarios de salud en el sentido de recuperar el carácter público de los recursos de la salud del apetito del negocio y de la corrupción, comenzando por los del Régimen Subsidiado.
10. Convocar a la solidaridad internacional por el derecho fundamental a la salud, por todas las vías de articulación de los sectores sociales, académicos y políticos que participan en la ANSA.

Nos merecemos un sistema de salud que respete nuestra dignidad. Construyámoslo juntos.