¿Quiénes podrán cultivar marihuana medicinal?

A comienzos de mayo, una delegación canadiense viajó hasta el departamento de Boyacá para reunirse con el secretario de Fomento Agropecuario de la Gobernación, Jorge Iván Londoño. El grupo de extranjeros pertenece a la empresa Vida Cannabis, radicada en Toronto. Su trabajo consiste en la preparación a gran escala de fármacos a base de marihuana.

Con la aprobación en el Congreso de la Ley que permite la distribución de medicamentos derivados de la marihuana y que reglamenta los cultivos de la planta, las gobernaciones y los pequeños cultivadores se han acercado a las oficinas del Gobierno para saber con qué requisitos deben cumplir para empezar a producir. Las empresas extranjeras, como en el caso de Boyacá, también están interesadas.

Aunque la regulación final de la producción de medicamentos a base de marihuana y del cultivo de la planta en Colombia puede tardar máximo dos años, las leyes actuales permiten que los productores por lo menos establezcan las condiciones y seleccionen algunos terrenos en donde cultivar.

Agrónomos de la empresa canadiense Vida Cannabis se reunirán con expertos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia para comenzar una investigación sobre los terrenos de Boyacá para cultivar cannabis. “Ellos llevan 10 años fabricando medicamentos contra el cáncer, analgésicos y otros con base de los cannabinoides. En Canadá producen pero solo tienen 4 meses para hacerlo, durante el verano; acá la producción podría ser todo el año”, le dijo Londoño a El COLOMBIANO.

Hasta el momento se sabe que Cannabis Vida realizará una investigación sobre genética vegetal y adaptación en el departamento. Según Londoño, se evaluarán “las posibilidades de plagas u hongos que puedan afectar el desarrollo de la planta. También se tiene que hacer análisis de pisos térmicos”. Una vez finalice esta etapa, se evaluarán en la Asamblea del departamento las condiciones comerciales del proyecto.

Antes de que fuera aprobada la ley en el Congreso, el gobernador del departamento, Luis Pérez, solicitó una reforma para que las gobernaciones tomaran el monopolio de producción de marihuana medicinal. Pérez comparó su propuesta con lo que sucede actualmente con las rentas que provienen del licor o de las loterías, de manera que la producción de medicamentos a base de marihuana le generara ingresos al departamento.

Jaime Alberto Garzón , secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia, considera que el Gobierno debe tener en cuenta la propuesta del gobernador cuando emita la regulación: “Con un monopolio se podrían hacer alianzas productivas con grandes empresas o laboratorios medicinales. Esas utilidades se podrían invertir en educación y en programas para prevenir la drogadicción”.

En caso de que el Gobierno rechace la propuesta, Garzón dice que no se quedarán con los brazos cruzados: “Nosotros podríamos entrar a participar como ente público y plantar nuevas hectáreas en Antioquia. Impulsar proyectos de siembra y comercialización seguros”.

La regulación que expedirá el Ministerio de Salud tiene en vilo a los pequeños cultivadores y a las empresas que comercializan medicamentos y semillas de cannabis. Según estimaciones del Centro de Estudios Estratégicos contra el Narcotráfico de la Policía Nacional, en Colombia existen más de 600 hectáreas destinadas al cultivo de marihuana.

Un riesgo que se plantea con la aprobación de la ley es que las empresas multinacionales desplacen a los pequeños cultivadores: “Puede suceder que los grupos económicos terminen beneficiando, y que los pequeños productores queden por fuera, sin condiciones para obtener las licencias. No se ha dicho qué va a pasar con los indígenas y los campesinos que cultivan, porque si necesitan más de 500 millones de pesos para cumplir con las condiciones quedarán por fuera”, dice Susana Fergusson, exasesora del Ministerio de Salud y Protección en temas de prevención.

El artículo de la ley señala, sin embargo, que el Gobierno debe proteger a medianos y pequeños productores, fomentando su formalización. El senador que estuvo a cargo de este proyecto, Juan Manuel Galán, ha señalado que los estándares dependerán del Invima y de Colciencias, dos entidades que verificarán la calidad de las sustancias. El número de hectáreas para cultivar tampoco ha sido definido. Para establecerlo, el Gobierno colombiano debe adelantar una negociación con Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, Jife. Solo hasta entonces se podrán aprobar licencias.