40 hospitales públicos cierran puertas a Cafesalud

Tras el ultimátum que los hospitales públicos de Antioquia le dieron a Cafesalud, el cinco de julio pasado, para que pagara las deudas, 40 centros hospitalarios públicos de la región decidieron no atender a los usuarios de esa EPS para presionar el pago que superaba los $15.000 millones, a marzo 31 de 2016.

Luis Alberto Martínez, director ejecutivo de la Asociación de Empresas Sociales del Estado, Aesa, sostuvo que solo se atienden los servicios de urgencias a los usuarios de Cafesalud en esos 40 centros asistenciales. Son cerca de 300.000 los afiliados afectados.

No obstante, dijo, también muchos hospitales privados han tomado la decisión de no atender a los afiliados a Cafesalud para presionar el pago de las deudas. En ese caso también se atiende solo urgencias.

Martínez precisó que en diferentes escenarios se ha alertado sobre la difícil situación que enfrentan clínicas y hospitales por el no pago por parte de esta EPS.

Recordó el directivo gremial que el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, solicitó la intervención del Gobierno Santos por la deficiente atención en Cafesalud.

De acuerdo con lo expresado por el dirigente gremial, los diferentes miembros de la cadena se preguntan qué pasa y qué va a pasar con Cafesalud EPS. “En promedio de lo facturado en siete meses de operación, (correspondiente a los afiliados que se trasladaron de Saludcoop) en Antioquia, escasamente Cafesalud ha pagado el 50 por ciento de lo facturado”. Cafesalud tiene 780.865 afiliados en la región.

Y es que cada día se complica más el panorama de la salud, y los usuarios que son los más afectados están recurriendo a medidas extremas en los hospitales: deciden voluntariamente salir del centro asistencial.

Diana Patricia Guerra Mazo, coordinadora del observatorio del Derecho Fundamental a la Salud de la Personería de Medellín, sostuvo que algunos usuarios piden salir voluntariamente porque no tienen los insumos necesarios en los hospitales.

Indicó además, que los usuarios aceptan “cuando les dan de alta”, porque esperan la entrega de medicamentos y estos no se garantizan ni siquiera con la tutela. “Las personas nos indican que mejor se van a morir a mi pueblo. Es un tema grave y alarmante”, manifestó Guerra.

Además, algunos pacientes de otros municipios se regresan a su lugar de origen con sus familiares desconsolados por la impotencia ya que ni las acciones judiciales resultan efectivas en algunas oportunidades.

El drama de la salud se refleja en los indicadores: más de 2.970 acciones de tutela se han interpuesto en la Personería de Medellín a junio 30. En la rama judicial la cifra asciende a 5.186 a mayo 30. Otras cifras dan cuenta que son 105 los derechos de petición, y 761 los incidentes de desacato. ”Eso quiere decir a que los jueces no le hacen caso”, manifestó Guerra Mazo.

Otra arista del problema

Los usuarios también pueden verse afectados por las decisiones administrativas. Diana Guerra llamó la atención sobre cómo se atenderán los pacientes del Instituto de Cancerología tras el despido de especialistas.

La semana pasada el Instituto hizo “ajustes de contratación con especialistas del área quirúrgica, que en nada comprometen la continuidad de la empresa, ni la prestación de los servicios”, señala el comunicado de El Instituto de Cancerología.

El Instituto le canceló de manera unilateral el contrato a 27 cirujanos oncólogos, desde el 30 de julio pasado. “Esos cirujanos tienen pacientes programados y consultas”, sostuvo René Pareja, ginecólogo- oncólogo.

Indicó Pareja, que a partir de ayer primero de agosto se contrata por prestación de servicios y por evento. “Debemos esperar 60 días para que nos paguen: un cesárea puede costar 80.000 pesos según el Manual Tarifario establecido hace varios años en el Plan Obligatorio de Salud, POS”. Aunque EL COLOMBIANO intentó hablar con voceros de Cafesalud, no fue posible obtener su respuesta frente a las denuncias”.