Análisis: ¿por qué los colados del Sisbén tienen en jaque a la salud?

El famoso Sistema de Identificación de Beneficiarios (Sisbén), que muchas personas relacionan con una especie de sistema de salud gratuito para los más pobres, en realidad es una encuesta que se creó hace dos décadas para identificar, contabilizar y ubicar a los colombianos más vulnerables.

Se trata de una herramienta que le permite al Estado focalizar las políticas sociales, con miras a favorecer a los más necesitados y compensar, de algún modo, las inequidades. Es importante aclarar que todos los programas y acciones emanados a partir de esta encuesta, se financian con recursos públicos, es decir que los ciudadanos los aportan vía impuestos.

Una de las políticas que recurre a las clasificaciones del Sisbén es la de cobijar con el sistema de salud a todos los colombianos. A éste acceden las personas a través de dos regímenes: el contributivo, al que pertenece la gente con ingresos y capacidad de pago probados, y el subsidiado, que cobija a quienes literalmente no tienen lo suficiente para pagar su afiliación.

Los primeros aportan mensualmente a través de las EPS recursos proporcionales a sus ingresos para cubrir su acceso al sistema, y un porcentaje para cofinanciar la salud de los usuarios subsidiados.

Cuando se creó el sistema en 1993, se proyectó que progresivamente la cantidad de colombianos en pobreza y desempleados disminuiría, lo cual permitiría que la base de aportantes a la salud fuera cada vez mayor.

Veintitrés años después puede decirse que aunque las condiciones sociales de la gente y el crecimiento del país han mejorado, éstos no han sido tan buenos como se creía entonces. En ese orden de ideas, ha sido necesario seguir prestando salud subsidiada a millones de colombianos.

El problema es que la cantidad de gente subsidiada creció en las últimas dos décadas, pese a los avances sociales, hasta sobrepasar la base de aportantes. De acuerdo con registros del Sistema Integral de Información de la Protección Social (Sispro), a septiembre del 2015 los afiliados al sistema de salud en Colombia sumaban 46’363.560; de ese total, 23’224.765 pertenecían al régimen subsidiado de salud contra 21’267.181 del contributivo y 1’871.614 de los regímenes de excepción.

Este disbalance, a favor de quienes no aportan, han mantenido al sistema de salud en un constante déficit financiero, que afecta todas sus variables, incluida la calidad, oportunidad y suficiencia de los servicios de salud que la gente recibe, y el flujo de recursos que es la génesis de las deudas constantes entre todos los actores del sistema (empezando por el Estado).

Ahora, toda esta situación se justificaría si en efecto los 23’224.765 colombianos del régimen subsidiado fueran pobres de verdad. No obstante, hay evidencia que indica que no es así. Se estima que en estos momentos hay cientos de miles de personas que pese a tener capacidad de pago y forma de contribuir con la salud de todos, están literalmente coladas en este régimen. (Lea aquí: Polémica por muertos y ricos que se cuelan en el Sisbén)

Puesto en otros términos, se trata de un delito, porque se apropian de recursos que tienen otra orientación.

De acuerdo con lo que se ha podido establecer, en este inmenso grupo caben desde los elusores que ocultan sus ingresos y bienes, para posar de pobres y clasificar en la encuesta; el medio millón de muertos afiliados, por los que el sistema sigue pagando y alguien sigue cobrando; los politiqueros regionales y locales, que manejan las bases de datos del Sisbén para pagar favores de todo tipo, y los funcionarios e intermediarios que inflan dichas bases, duplican afiliados y hasta trafican con los listados para recibir recursos del Estado.

La depuración de todo este sistema permitiría equilibrar las finanzas, mejorar la calidad, lograr que el sistema sea más equitativo y justo y garantizar, en la práctica, el derecho fundamental a la salud, consagrado en la Ley Estatutaria de Salud.