Así será el plan para liquidar a Caprecom

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, confirmó que el proceso para liquidar a la EPS pública Caprecom “ya no tiene reversa”.

De acuerdo con Gaviria, el punto crítico para llevar a cabo esta complicada operación era el de los recursos, pues según el Ministerio, se necesitan 3,4 billones de pesos, que no están disponibles, para sanear a Caprecom o poner en marcha su liquidación.

Y aunque había dudas sobre la posibilidad de que el Estado asumiera estos costos, el Ministerio de Hacienda acabó por aceptar, dado que se trata de una entidad pública.

En ese orden de ideas, la cartera de Hacienda requeriría de un soporte, a través de una ley que no sería la de presupuesto, sino la de endeudamiento, que se tramitará al final de este año.

EL TIEMPO conoció que gran parte de esos dineros serán cubiertos con títulos de deuda pública (TES), en un plazo de cinco años.

De hecho, el Minsalud tiene lista una propuesta al 2020, así: 175.000 millones de pesos, para el 2016; 364.000 millones, en el 2017; 372.000 millones, al 2018; 439.000 millones para el 2019, y 439.000 millones en el 2020.

Vale la pena señalar que la mayoría de las deudas de Caprecom son con la red hospitalaria pública y privada del país; se calcula, de acuerdo con estados financieros de la entidad, que estas bordean los 2,5 billones de pesos.

Pero la capacidad de pago de la EPS apenas le alcanza para cubrir la mitad de ellas. Se sabe, además, que la entidad tiene pérdidas acumuladas cercanas a 1 billón de pesos, un patrimonio negativo de 770.000 millones de pesos y sus activos constituyen la mitad de todos sus pasivos.

Aunque semejante panorama convirtió a Caprecom en una entidad insolvente, lo cual para muchos justifica plenamente su liquidación, persiste la preocupación sobre el destino que tendrán sus 3 millones de afiliados.

Este lunes, la Defensoría del Pueblo pidió al Ministerio de Salud que se cobije y garantice la atención a todos estos usuarios, catalogados como los más vulnerables, pues entre ellos se cuentan habitantes de zonas remotas, a donde no llegan otras EPS, desplazados y pacientes que nunca han recibido atención médica.

Gaviria afirmó que también tiene un plan de distribución de estos usuarios entre 21 EPS de los regímenes subsidiado y contributivo.

Según la propuesta, entre las entidades que tendrían que recibirlos estarían la Nueva EPS (1.350.000), Capital Salud (167.000), Asmet Salud (169.000) y Sura (16.330).

Jaime Arias, presidente de Acemi (que agremia a la mayoría de las EPS del régimen contributivo), es optimista frente al proceso: “El sistema en general está en condiciones de recibir, paulatina y ordenadamente, a los 3 millones de afiliados de Caprecom, pero es un ejercicio que no se hace de un día para otro”, afirmó.

Sin embargo, José Fernando Cardona, presidente de la Nueva EPS, dice que “ante la perspectiva de la liquidación de Caprecom, y frente a la posibilidad de recibir a parte de sus usuarios, la Nueva EPS, por su condición jurídica y estructural, no está habilitada aún para afiliar en el subsidiado”, e insiste en que para hacerlo “tendremos que adelantar primero los ajustes jurídicos necesarios”.

El presidente de la Nueva EPS considera que por tratarse de la entidad de este tipo con mayor presencia en el territorio (1.100 municipios), tendría estructura para responder a esta demanda.

¿Y los trabajadores?

Esperanza Reyes, presidenta nacional del sindicato de Caprecom, asegura que los trabajadores denunciaron ante la Procuraduría al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, porque consideran que con el anuncio de liquidación “montó un terrorismo mediático que le hace mucho daño a la entidad, pues los prestadores no quieren contratar, los usuarios se quieren ir y hay pánico entre sus 1.800 trabajadores”.

Reyes sostiene que a la entidad se le ha hecho una encerrona, porque a pesar de que se le había dado un plazo de siete meses (que termina en marzo del próximo año) para hacer el análisis de su viabilidad, “el Ministro insiste en que nos liquida”.

La funcionaria agrega que “todo indicaría que el interés del Ministro es financiar las EPS privadas, con los recursos que se deben destinar para la atención de los afiliados de Caprecom”.

Sobre el destino de los trabajadores, el Ministro de Salud ha insistido en que el proceso de liquidación “será transparente y se buscará que no sea traumático para ellos”.

Gaviria pidió sensatez a los funcionarios y a quienes se oponen al proceso liquidatorio: “Se trata de un trámite que no da espera; mantener esta entidad, en estas condiciones, no solo es perjudicial para el sistema de salud, también para los afiliados de Caprecom”, aseguró.

El Ministro recordó que esta EPS también tiene a su cargo la atención en salud de toda la población carcelaria del país y adelantó que ya está estructurando un plan específico para cubrirla de manera integral, que será dado a conocer cuando esté listo.

Pese a los planes dados a conocer por el Ministro, voces críticas, como la de la senadora Claudia López, piden no desconocer que la corrupción, la mala gestión y la politiquería son las directas responsables de la inviabilidad en la que cayó la EPS. “Al liquidarla –dice– sus usuarios serán lanzados al mercado de unas EPS que no los quieren, en tanto no son rentables. El Estado debe definir un sistema para compartir el riesgo sobre esta población. Y para eso se necesitan otro presidente y otro ministro de Salud”. 

Faltan recursos para pagar

Balances oficiales de Caprecom muestran que sus reservas de presupuesto para saldar algunas deudas con los hospitales alcanzan apenas para la mitad de lo que le cobran estas entidades.

Mientras su deuda asciende a $ 2,4 billones con los prestadores, la disponibilidad de pago es de $ 1,4 billones.

Para citar apenas dos ejemplos, en una lista de 2.700 entidades públicas y privadas con las que la EPS tiene deudas, al Hospital Occidente de Kennedy, Caprecom le debe $ 32.000 millones, pero tiene una reserva de $ 17.000 millones para pagarle. El Hospital Universitario Departamental de Nariño le cobra a la entidad $ 12.000 millones, pero esta cuenta con solo $ 3.000 millones para pagar.

Ante este escenario, Olga Lucía Zuluaga, presidenta de la Asociación Colombiana de Hospitales Públicos, asegura que se trata de “una entidad que en muchas regiones, por su volumen de usuarios, tiene al borde del colapso a hospitales de la red pública, con la indiferencia de un Gobierno que tiene sentados en su junta directiva a cuatro ministros y que después sale a decir que los problemas de los hospitales son por mala gestión”.

Zuluaga considera que el desequilibrio que genera el asunto en el sector requiere recursos, porque dejar con las deudas a los hospitales es lo mismo que continuar con esta agonía.