Cinco problemas y tres propuestas ante la crisis de la salud

La crisis del sistema de salud colombiano, que afecta principalmente el funcionamiento de las clínicas y hospitales, y el acceso a servicios de los usuarios, es producto de un conjunto de problemas históricos y deudas acumuladas que se han agravado especialmente durante los últimos cinco años.

Así lo entienden los integrantes de la alianza Somos 14 más 1, que agrupa a las 16 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) encargadas de ofrecer el 80% de las camas de alta complejidad que tiene Medellín, y otras más en el resto del área metropolitana y el Oriente antioqueño cercano.

Este diario conversó con Juan Marín Restrepo, gerente de contratación de la IPS de la Universidad de Antioquia y vocero de la alianza Somos 14 más 1, quien enumeró los cinco problemas que los integrantes han identificado en el sector de la salud y las tres propuestas que han debatido.

Problemas históricos

El vocero explicó que el primer problema del sistema es que el Plan Obligatorio de Salud (POS), que está bajo responsabilidad de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), “se ha cargado progresivamente de derechos para los usuarios, sin contar con la certeza plena sobre su financiamiento”.

Por eso, argumentó, el POS tendría que operar a la luz de la  Sentencia T-760 de 2008, para que sea amplio y garantice la demanda de servicios de salud como parte de un derecho fundamental, pero actualmente “carece de las apropiaciones económicas adecuadas” para garantizar la prestación de aquellos.

El segundo problema, expuso Marín Restrepo, está ligado a los servicios no incluidos en el POS. “En los últimos cinco años ha habido un desacierto en el manejo que el Gobierno le ha dado al no POS”, porque no ha hecho las regulaciones suficientes para impedir que el Plan se convierta en un negocio para las multinacionales y los intermediarios financieros.

Aunque, aclaró, “a este Gobierno se le reconoce que ha intervenido en esa situación y les ha puesto freno a unos abusos que se empezaron a presentar en los últimos dos años principalmente”.

El tercer problema, aseguró, es que la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el valor que reconoce el sistema a cada EPS por la organización y garantía de la prestación de los servicios de salud contenidos en el POS, “ha venido perdiendo su importancia misional”.

Porque, explicó, “falta mucha información técnica sobre su uso, y el Gobierno simplemente ha hecho unos incrementos anuales, ligados al crecimiento del Índice de Precios al Consumidor, que lo ha venido desvalorizando en el tiempo y que a pesos del 2015 ha perdido un poder adquisitivo”.

Por eso, agregó, es urgente actualizar la UPC, a partir de cálculos “con unas herramientas técnicas, estadísticas, epidemiológicas, financieras y actuariales”, que arrojen información “que permita tomar una decisión sobre el valor real de la UPC” y, a partir de ello, pagar los servicios de salud solicitados por los asegurados en ambos regímenes (contributivo y subsidiado).

El cuarto problema, indicó el vocero, es que en el país “se requiere urgentemente definir un manual tarifario único” que sirva como referente de cobro a partir del cual las clínicas y hospitales tengan certeza de que realmente están cubriendo, con sus tarifas, los costos de la atención.

Esas tarifas de referencia, comentó, son de los años 90 o principios del 2000 y no incluyen todos los procedimientos, además están “muy desfasadas” para la realidad actual de los servicios hospitalarios que se prestan. De ahí que sea necesario “un manual tarifario elaborado por el Gobierno (...), que garantice un margen razonable y sostenible de utilidad”.

Y el quinto problema es, según afirmó, la corrupción, que obliga a que el Gobierno establezca mecanismos de control, porque los recursos de la salud que son de origen público “es él quien tiene que vigilarlos e intervenir con sus órganos de control para evitar que esos dineros lleguen a manos de corruptos”.

En esa tarea, complementó, también deben participar todos los sectores que puedan ayudar a ejercer veeduría del funcionamiento del sistema de salud, como las ligas de usuarios, las asociaciones gremiales de clínicas y hospitales, tanto públicos como privados, entre otros.

Propuestas para mejorar

Marín Restrepo señaló que la primera propuesta de solución de la crisis de la salud que han discutido entre los miembros de Somos 14 más 1 es el pago de la cartera hospitalaria, es decir, “el generar unos recursos frescos para poder funcionar ante el problema económico”.

En ese sentido, sostuvo que la iliquidez del sector debe llevar a que se adopten medidas de salvamento hospitalarios, similares a las que el Gobierno adoptó a finales de la década del 90, cuando los bancos tuvieron también un problema de iliquidez por el no pago de sus deudores.

En todo caso, “el salvamento o rescate financiero es urgente, y para ello habrá que buscar recursos vía empréstito, vía impuestos o tomar parte de impuestos ya vigentes, como el 4 x 1.000, para el pago de obligaciones que se han conferido a los hospitales, especialmente por las EPS que han sido liquidadas y que al día de hoy nadie ha dicho quién va a pagar esas deudas”, expresó.

La segunda propuesta se basa en los factores técnico-institucionales que, según explicó el vocero, está orientada a evitar que se siga deteriorando el sistema por circunstancias como la mala utilización de los servicios o el trabajo de “ciertas élites científicas” en pro de multinacionales o de empresas proveedoras de tecnología.

Por eso, insistió, actores del sistema deben llegar a acuerdos técnicos sobre cómo va a funcionar el servicio de salud, de tal manera que favorezcan las relaciones entre redes integradas de servicios para que los usuarios sean atendidos en sus territorios y en los niveles que realmente les corresponde por la complejidad de la atención que requieren.

Y la tercera propuesta, enfocada en el componente político-social, consiste en que se formule una política hospitalaria clara, que permita definir nichos de atención por grupos poblacionales, para que, según explicó, se definan modalidades especiales de atención.

“En el país (...) sabemos que el modelo de atención en salud requiere también de la definición de una política hospitalaria coherente con el nuevo modelo económico, con la demanda social, de la mano con los cambios en el perfil epidemiológico y demográfico de la población”, concluyó.