El sistema de salud en Colombia, en su peor momento

Insostenibilidad económica y quiebra del sistema, elementos que lo tienen en jaque.

Todavía ronda en el imaginario de todos los colombianos el pronunciamiento airado del presidente Juan Manuel Santos cuando anunciaba con bombos y platillos desde el Palacio de Nariño el desmantelamiento del ‘cartel de la salud’ en mayo de 2011. Y cómo olvidar los allanamientos a las oficinas de algunas EPS por parte de los organismos del estado, la captura a siete personas y el anuncio de cifras inimaginables de robos al sistema, posterior a su oportunista alocución.

Cuatro años después no se conoce el organigrama del cartel anunciado. Tampoco se han mostrado las capturas de sus cabecillas y mucho menos se han hecho público los embargos de cuentas bancarias o la extinción de dominio de propiedades o activos de ese supuesto cartel.

En cambio, sí estamos ante el peor momento del sistema. La salud en Colombia está en manos de la empresa privada, son grupos empresariales, familias y ciudadanos que han visto que el negocio de la salud es una opción adecuada para construir país. Pero aclaro, debe ser el mejor negocio (ético, transparente, socialmente sostenible), pues administra la vida y el bienestar de todos los colombianos.

El Ministro actual ha sido valiente y coherente en la búsqueda de una reglamentación y control al gasto desmedido que venía generándose. Hasta ahí todo está bien.

En lo que se raja el sistema y genera preocupación es en las prácticas que el Estado permite en el sector salud. Si alguien genera un servicio en una empresa lo lógico es que la factura reciba un pago asociado a la tarifa y de acuerdo con el servicio prestado, pago que no pasa de 30 o, en el peor de los casos, 60 días.

Pues hoy el gobierno nacional, a través de las EPS, debe a clínicas y hospitales la suma de cinco billones de pesos con cartera vencida de un 57 por ciento. Los indicadores financieros, aparte de vergonzosos, son insostenibles y absurdos.

En la práctica los días de cartera rondan los 180 días, la cartera en promedio equivale a cinco o seis meses de facturación del respectivo hospital, las glosas son otro segmento con el cual las aseguradoras se financian y demoran el pago de obligaciones a las instituciones de salud. “Es que no alcanza la UPC”, dicen Gobierno y EPS. Entonces, sugiero, ajusten la metodología de cálculo y los límites infinitos de las normas del derecho absoluto, no le sigan rindiendo culto a la autonomía intocable del personal de la salud y controlen a los jueces que tratan a los pacientes con sentencias irreales. Palabras más, palabras menos, no hay un modelo eficiente de salud.

Las instituciones intervenidas escasamente pagan la cartera corriente en promedios calculados a las redes que aseguran los mínimos de atención. Los demás hospitales tienen que hacer fila y esperar a que se hagan conciliaciones que después de meses son logradas gracias a la extorsión y a la renuncia por derecho de porcentajes de descuento que pueden ir entre el 5 y el 20 por ciento. Es decir, no se reconocen intereses como en el sector real sino, al contrario, se disminuyen los montos que no alcanzan a cubrir los costos financieros o de oportunidad del dinero. Y el gobierno sostiene que no va a pagar las deudas viejas que son parte de la negociación entre las EPS y los hospitales. Mejor dicho, apague y vámonos.

Las medidas de Minsalud, con una lógica de contención de costos, hacen que cada vez sea menos viable la prestación del servicio. Por un lado políticamente se habla de los derechos a la salud como un logro para los colombianos y son incluidos todos los servicios inimaginables y tecnologías en el plan de beneficios; por otro, como si los pagos fueran adecuados, se generan normas irrisorias del primer mundo en países como este que aún está en vía de desarrollo. Un ejemplo son los famosos reusos.

Por ejemplo, normalmente un trocar para laparoscopia certificado por el fabricante podría tener varios usos con los cuidados y procesos de esterilización aceptados internacionalmente; pero ahora como se prohíbe el reuso. El costo que antes se repartía en tres atenciones solo sirve para una sola. Dicho de otra manera, con esta decisión se aumentó el costo pero se restringe los pagos vía plan del POS. Y si se tiene en cuenta que el fabricante aumentará las ventas en Colombia y hoy, con un dólar a 3.000 pesos, las multinacionales subirán los precios y los costos proporcionalmente se incrementarán con el subsecuente apremio en términos de costo efectividad.

No se puede desconocer que la integración vertical trató de controlarse, pero misteriosamente ha continuado con una mirada cómplice del Gobierno, donde los aportes de los colombianos en parafiscales de las cajas de compensación también son ahora parte de esa integración y ningún organismo de control se pronuncia.

En conclusión, las carteras siguen creciendo. Las EPS continúan con sus prácticas de financiamiento, las medidas de control del Gobierno aprietan la libertad de empresa y sofocan la sostenibilidad de los hospitales. La solución, por su parte, pareciera ser endeudarse más sin que el Gobierno quiera asumir la responsabilidad de mantener estas estructuras que son las que favorecen intermediación, integración vertical, manejo de proveedores, pérdida de la calidad en la atención y en medio están los pacientes que perciben una burocracia que se dedica a controlar el PyG mensual de cada EPS a toda costa.

Esperemos cómo los éxitos de tantas instituciones de salud en calidad, desenlaces, acreditaciones y posicionamiento del país en entornos internacionales, tendrán el valor para continuar en ese mar de insostenibilidad y dificultades reales del actual sistema de salud.