Expertos apoyan declarar droga contra el cáncer de interés público

Alrededor de un centenar de expertos del sector salud firmaron una carta de apoyo sobre el caso del derecho de la licencia obligatoria del medicamento para el tratamiento del cáncer en Colombia denominado Imatinib, la cual enviaron este lunes al presidente Juan Manuel Santos.

En el escrito suscribieron un amplio grupo de profesionales, abogados, economistas y académicos expertos en la propiedad intelectual, comercio internacional y salud pública, quienes explicaron las normas internacionales que apoyan el derecho que ostenta el país de emitir licencias obligatorias sobre las patentes otorgadas a los medicamentos.

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Los profesionales de la salud, en la carta dirigida a Santos, aseguraron que “el Artículo 31 del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual (Adpic de la OMC) permite a los miembros de la OMC, incluida Colombia, emitir licencias obligatorias en cualquier momento por razones de su elección. La única compensación debida a los titulares de patentes en los casos de licencias obligatorias es una regalía razonable, que los gobiernos pueden determinar a discreción”.

Según los expertos, “la emisión de una licencia obligatoria sobre Imatinib es totalmente coherente con los términos de los acuerdos comerciales y de inversión de los cuales Colombia es parte”.

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Estos explicaron también que “los altos precios de cualquier medicamento necesariamente imponen una carga para el sistema de salud pública y conllevan a la falta de acceso a tratamientos y otros servicios de salud. Cuando una compañía farmacéutica utiliza una patente para excluir la competencia fija precios muy altos”.

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Los profesionales finalizaron diciendo: “apoyamos el esfuerzo del gobierno colombiano para aumentar el acceso a medicamentos asequibles y esperamos que este comunicado ponga fin a cualquier preocupación con respecto a la legitimidad internacional de las licencias obligatorias. Las licencias obligatorias son una herramientas importante para la protección de la estabilidad financiera de los sistemas de salud y para garantizar el acceso a los medicamentos y servicios de salud para todos”.