La interacción con la policía condiciona la prevalencia del VIH en personas que se inyectan drogas

La incautación de preservativos en personas trabajadoras sexuales, el acoso policial o el encarcelamiento son factores que se asocian con un elevado riesgo de infección por el VIH

Las interacciones regulares de la policía con las personas usuarias de drogas inyectables (UDI) en la calle afectan al modo en que estas últimas consumen drogas y en cómo acceden a los programas de prevención del VIH. El hecho de ser detenido, golpeado o arrestado, la confiscación de jeringuillas y otras prácticas policiales inciden de forma sistemática en la prevalencia de la infección por el VIH y en las conductas de riesgo en personas UDI en muchos entornos. Estas son las principales conclusiones de un estudio estadounidense presentado en la X Conferencia sobre la Ciencia del VIH de la Sociedad Internacional del Sida (IAS, en sus siglas en inglés), celebrada el pasado mes de julio en Ciudad de México (México).

Anteriores investigaciones habían evidenciado que la criminalización de las drogas afecta de forma negativa a la prevención del VIH. Los conflictos con la policía pueden llevar al encarcelamiento, que se ha asociado con un elevado riesgo de infección por el VIH. Por otra parte, se ha documentado que las prácticas policiales en la calle tales como la incautación de preservativos y el acoso incrementan el riesgo de contraer el VIH entre mujeres trabajadoras sexuales.

Sin embargo, la interacción entre la vigilancia policial en la calle y el riesgo asociado al VIH entre personas UDI nunca se ha analizado de forma sistemática. Esto ha llevado a un equipo de investigadores de EE UU a realizar una revisión sistemática sobre esta cuestión, cuyo propósito fue describir asociaciones cuantitativas entre las prácticas policiales y el riesgo de adquirir el VIH entre la población UDI que han sido documentadas en la literatura científica.

Los investigadores seleccionaron estudios sobre datos sociológicos y de salud buscando palabras clave relacionadas con vigilancia policial, aplicación de la ley, uso de drogas inyectables y VIH. Fue elegible para esta revisión cualquier estudio que mostrara una asociación cuantitativa válida entre estar expuesto a las prácticas policiales y la infección por el VIH o conductas de riesgo en personas UDI.

Se examinaron un total de 8.201 estudios, de los cuales se analizaron 175 textos completos para su elegibilidad en la revisión. Se excluyeron los estudios cualitativos, estudios de población y algún estudio que no usó usuarios de drogas inyectables como objetivo del análisis. Como resultado, 28 artículos originarios de 9 países diferentes –Rusia, Ucrania, India, Tailandia, Malasia, China, México, Canadá y EE UU- fueron elegibles para la revisión sistemática. En su mayoría se publicaron en la última década.

Todos los datos incluidos en la revisión fueron de estudios transversales. Se clasificaron los resultados en tres categorías: estudios con datos sobre prevalencia del VIH (n= 6), estudios con datos sobre conductas de riesgo durante la inyección de drogas (n= 21) y estudios con datos sobre programas de prevención del VIH (n= 9). Debido a la heterogeneidad tanto de las variables analizadas como de los resultados, no fue posible agrupar los resultados en un metaanálisis.

En la primera categoría se encontraron 18 asociaciones bivariable entre la acción policial y la prevalencia del VIH. Tres ejemplos mostraron el impacto de las prácticas policiales en la probabilidad de contraer el VIH en personas que se inyectan drogas. En un estudio de México, las personas a las que la policía confiscó jeringuillas en los últimos 6 meses fueron 2,4 veces más propensas a contraer el VIH. En Tailandia, las personas que habían sido golpeadas por la policía en los últimos 6 meses fueron 1,4 veces más propensas a adquirir el VIH. Por su parte, las personas en Ucrania que no habían comprado recientemente jeringuillas por miedo a la policía fueron 3,3 veces más propensas a adquirir el VIH.

En la segunda categoría se hallaron 42 asociaciones bivariable entre la acción policial y las conductas de riesgo durante la inyección de drogas. Un ejemplo importante procede de un estudio canadiense, en el que las personas UDI que habían sido detenidas y registradas en los últimos 6 meses fueron unas seis veces más propensas a compartir jeringuillas con otras personas en el mismo periodo de tiempo. Un estudio mexicano, paralelamente, mostró que las personas que habían sido arrestadas por posesión de jeringuillas usadas presentaron una probabilidad 4,3 veces superior de tomar prestadas jeringuillas.

En la tercera categoría se identificaron 9 estudios con 14 asociaciones bivariable entre acción policial y dificultad para acceder a los programas de prevención del VIH. Una de ellas halló que en la ciudad de Nueva York las personas UDI que habían sido detenidas y registradas en los últimos 12 meses fueron 2,1 veces menos propensas a utilizar los programas de intercambio de jeringuillas. Mientras, en un estudio de China, el temor a ser arrestado por la policía se asoció con 12 veces más probabilidades de no recibir atención en programas de suministro de metadona.

Los estudios incluidos en la revisión proceden de países con una amplia variedad de parámetros socioeconómicos y políticas de drogas.

Los investigadores destacan la necesidad que existe de reformar las políticas de drogas y de centrar las intervenciones en la salud pública. De este modo, la acción policial y judicial sobre las personas que se inyectan drogas -a menudo fuente de daños- tendría que estar al servicio de las prioridades en salud pública.