Con la admisión de la tutela, presentada por los mismos socios de esta empresa, el juzgado le ordena a la Supersalud, como medida provisional, en un término no superior a 48 horas, suspender la liquidación y devolver la EPS al estado inicial antes de las actuaciones administrativas. Esto implica que se vuelva a habilitar a la EPS para prestar los servicios de salud, que retornen a esta los usuarios ya trasladados a otras aseguradoras y se entregue nuevamente la administración de la empresa a sus anteriores dueños.

Y es que el 1 de noviembre pasado 445.252 afiliados a Emdisalud en nueve departamentos habían sido traslados a otras 11 aseguradoras de altos niveles de calidad, con suficiencia financiera y libres de medidas de vigilancia especial.
 

En suspenso

Esta actuación judicial, junto con el fallo proferido por el juzgado primero civil del circuito de Valledupar, que hoy también tiene suspendido el traslado de los afiliados de la EPS Saludvida, puede estarse convirtiendo en la piedra en el zapato para la labor de depurar el sistema que está realizando la Superintendencia de Salud, pues de prosperar se abre un boquete jurídico para que a través de decisiones judiciales de tutela se echen para atrás todas las medidas que está tomando este ente de control en aras de mejorar la prestación del servicio de salud a los usuarios.

Para Denis Silva, vocero de la organización Pacientes Colombia, dos hechos llaman la atención sobre las recientes decisiones de estos juzgados. La primera es que en ambas actuaciones están amparando los derechos de los empresarios por encima de los derechos de millones de usuarios afiliados a estas EPS. La segunda es que las decisiones de echar para atrás las revocatorias de habilitación de funcionamiento y liquidación de una EPS no deben ser producto de la instauración de una acción de tutela, sino de otros mecanismos judiciales.