Durante los próximos ocho meses el Gobierno pretende mejorar las condiciones de los usuarios de la entidad, que de llegarse a liquidar, no podrían ser trasladados a otra EPS, debido a que ninguna cuenta con las condiciones de recibir a más de cuatro millones de afiliados.

La decisión fue tomada por el superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz, quien declaró que en este tiempo se busca garantizar la prestación del servicio, así como la necesidad de reconocer las deudas de los proveedores y el derecho al trabajo de sus empleados.

El funcionario aclaró en diálogo con Blu Radio que la entidad no será devuelta a sus anteriores dueños, por lo que el Gobierno busca dar continuidad a la prestación de los servicios y dar prioridad al pago de los pasivos que “se le deben a la red prestadora de servicios”.

La intervención es realizada por un delegado de la Superintendencia de Salud, el ministro de Presidencia, Néstor Humberto Martínez y el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, quienes no descartan una nueva prórroga durante el mes de enero.