Salud, una nueva oportunidad

Cumplido el trámite en el Congreso, que supera el incidente de transcripción en la sentencia C-313, que había frenado la sanción de la misma por el presidente Juan Manuel Santos, se puede decir que la Ley Estatutaria de Salud es un hecho.

A partir de la firma presidencial de esta norma, en Colombia la salud quedará consagrada como un derecho fundamental autónomo, uno de los avances en materia de política social más relevantes de la historia reciente del país.

Significa que todos los estamentos del Estado deben ponerse en función de la garantía del mismo a los colombianos. Lo esperable es que esto se traduzca en una mejora significativa del bienestar individual y colectivo, a través, entre otros aspectos, de cambios positivos en la relación que tiene la gente con su sistema de salud.

Ello requerirá un reordenamiento del mismo, la génesis de reglas claras que le den mayor orden y faciliten su administración, sus procesos y el manejo de los recursos del sector, que no son pocos, con la mente puesta en el beneficio integral de sus afiliados.
Esto no quiere decir que en la ruta por garantizar tal derecho el sistema acabe quebrado por causa de las demandas abusivas de algunos actores, de los que forman parte pacientes, médicos, hospitales, abogados, EPS, farmacéuticas y otros intermediarios.
Tampoco significa que en aras de una falsa austeridad se sigan negando y demorando, de manera injustificada, los tratamientos, los medicamentos y los procedimientos que muchos enfermos necesitan para recuperarse, pese a que tienen derecho a acceder a ellos.

Es una herramienta valiosa. El riesgo mayor es que acabe interpretada por cada actor a su acomodo, lo cual puede redundar en el peligroso escenario de creer que esta convierte al sistema en un barril sin fondo.

La responsabilidad social que recae en todos ellos, de preservar lo que pertenece al colectivo, es mayúscula. Al Gobierno le corresponde consolidar su ineludible papel de regulador; los gobernadores y alcaldes tienen la tarea de asumir, de una vez por todas, el manejo de la salud pública en sus jurisdicciones, y el Congreso debe esforzarse por legislar de manera integral y no a pedazos, como hasta ahora, y pensando siempre en el beneficio de todos los colombianos.

La justicia merece un capítulo aparte, pues mientras busca validar los reclamos que muchos les hacen, los jueces abren boquetes por los que se desangra el sistema. De ellos cabe pedir que hagan análisis juiciosos e informados antes de fallar. A los médicos, por su parte, les toca demostrar su transparencia y ejercer su autonomía con sus pacientes como centro.
A los hospitales les llegó la hora de esmerarse por frenar su afán de facturación; a los pacientes, el momento de entender que tienen deberes con su propia salud y con el sistema, y a las EPS se les agotan las posibilidades de demostrar que son capaces de administrar pensando en el derecho de la gente.

La Ley Estatutaria es una oportunidad única para construir el modelo de salud que este país necesita, pero eso no será posible si el sistema sigue siendo el botín del cual se han lucrado desde los grupos armados ilegales y políticos corruptos hasta los mercaderes del sector.

EDITORIAL
editorial@eltiempo.com